"En Venezuela se ha utilizado el hambre como un mecanismo de control social"

Marco Antonio Ponce, coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, denuncia "fraude" en las elecciones regionales

Desconcierto opositor ante el "sistema fraudulento" empleado por el chavismo para ganar las elecciones

En los últimos cinco años, se han producido al menos 30.000 protestas en Venezuela, de las que casi 7.000 tuvieron lugar en 2016. De ellas, el 70% tuvo como objetivo la demanda de derechos económicos, sociales y culturales, mientras que el 26% exigía el derecho a la alimentación. Éstas son sólo algunas de las cifras registradas por el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS), organismo que se dedica a promover los derechos humanos en Venezuela, que ayudan a dibujar las cinco crisis en una -política, económica, social, de seguridad y de salud- que vive el país latinoamericano.

En los primeros nueve meses de 2017 ya se han superado los datos del año pasado, pero lo más preocupante es que "actualmente hay una grave crisis de seguridad alimentaria que está afectando a todos los estratos sociales, sobre todo a los más vulnerables", explica Marco Antonio Ponce (40 años), coordinador general del OVCS, vía Skype desde Irlanda, donde participa en la Plataforma Dublín, una conferencia bienal organizada por la ONG Front Line Defenders, en la que intervienen defensores de los derechos humanos de todo el mundo.

El activista Ponce denuncia que en las elecciones regionales del pasado domingohubo "una serie de irregularidades que permiten concluir que hubo fraude" y que "realmente el resultado no se compagina con el sentir de los venezolanos", quienes han demostrado durante cuatro intensos meses de protestas -en las que según el OVCS hubo 163 muertos- el rechazo al Gobierno de Nicolás Maduro.

Desde el seguimiento que hicieron en el OVCS del desarrollo de la jornada electoral comprobaron cómo fue empleado todo "el aparato del Estado para favorecer a los candidatos del chavismo" -victorioso en las urnas, según el Consejo Nacional Electoral (CNE)-, puntualiza el coordinador general del Observatorio, quien también alerta que "se ha utilizado el hambre como un mecanismo de control social". Se hizo "a través de lo que llaman el carné de la Patria: a los ciudadanos más pobres les obligan a votar manipulándoles con un carné que se les ha entregado, un carné que tiene un control para que puedan recibir bolsas de alimentos cada dos meses". Aquellos que no acudieron a los centros de votación "tenían la amenaza de que si no votaban o no eran registrados ese día, no les iba a llegar luego su bolsa de alimentación", añade el también profesor de la Universidad Central de Venezuela.

Unos centros de votación que por otra parte fueron reubicados en el último momento o que no abrieron a la hora que debían porque la población que acudiría apoyaba mayoritariamente a la oposición, según pudo constatar el OVCS.

Amenazas personales

Ponce, que lleva 15 años trabajando en la defensa de los derechos humanos en Venezuela, conoce de primera mano lo que es sufrir amenazas por parte del Gobierno. Tan delicada es su situación que el 20 de marzo de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le otorgó medidas cautelares para su protección, las cuales fueron ratificadas en 2016 y 2017 porque "continúa esta campaña de desprestigio acusándome de desestabilizador", explica el coordinador general del OVCS. El trabajo que realiza este organismo, visibilizando las protestas y las consecuencias que tienen sobre los ciudadanos, ha provocado que el Ejecutivo les intervenga las comunicaciones o que parte de su vida privada haya sido expuesta públicamente.

"Cuando salgo de viaje me toman imágenes en el aeropuerto, las sacan en los periódicos o canales de televisión diciendo que estoy saliendo a conspirar contra el Gobierno de Venezuela", detalla a modo de ejemplo de esos hostigamientos el activista venezolano, sin embargo se mantiene firme en no irse de su país, como se han obligado a hacer muchos de sus compatriotas, y en continuar haciendo su trabajo.

La ONG Front Line Defenders señala que en Venezuela cualquier defensor de los derechos humanos que denuncia la delicada situación que se vive en el país sufre restricciones en su vida privada y que los periodistas o personas que trabajan en medios de comunicación también son amenazados.

Tras los comicios a gobernadores, la oposición ha rechazado los resultados y, en opinión del activista Ponce, puede que la Mesa de la Unidad Demócratica (MUD)llame a salir a las calles y "probablemente se vea también por parte del Gobierno una radicalización para imponer por la fuerza estos resultados que ha dictaminado el CNE venezolano". Un futuro incierto en el que los intentos de diálogo entre Maduro y la oposición -el último acercamiento tuvo lugar en República Dominicana- pueden sufrir también "un enfriamiento", considera Ponce, quien añade que los partidos contrarios a Maduro tienen " el desafío de mantener el espíritu democrático activo, vivo y permanente".

A pesar de las grave crisis humanitaria existente hoy en Venezuela, "el modelo económico y político que fue ideado por Hugo Chávez se agotó y está viviendo sus últimos tiempos", apunta el coordinador general del OVCS, y "el pueblo está esperando un viraje democrático que realmente pueda garantizar los derechos humanos".

Mientras tanto, en opinión de Ponce, Maduro continuará aferrándose al poder y oprimiendo a los ciudadanos, pero "los venezolanos siguen exigiendo sus derechos en la calles".

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