EEUU impone nuevas sanciones a ocho venezolanos, incluido un hermano de Chávez

La Asamblea Nacional Constituyente continuó sesionando de espaldas al país y al mundo, que no solo la desconoce en buena parte, sino que también la sanciona. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer este miércoles las nuevas sanciones contra la guardia pretoriana de Nicolás Maduro: los civiles Adán Chávez (hermano mayor de Hugo Chávez), Hermann Escarrá, Ericka Farías Darío Vivas y los militares Carmen Meléndez (estrecha colaboradora de Maduro) y José Ameliach (del grupo de Diosdado Cabello). A todos ellos se les revocarán las visas, no podrán viajar al Imperio, se les embargarán bienes y cuentas, imposibilitando transacciones financieras, y se les bloqueará cualquier tipo de contrato.

En la lista de sancionados también figuran Tania D'Amelio, rectora del Consejo Nacional Electoral (CNE) que organizó el "mayor fraude electoral de la Historia de América Latina", como denunció la Secretaría General de la OEA, y el polémico coronel Bladimir Lugo, encargado del cerco al Parlamento pero que permitió su asalto violento y que además maltrató a Julio Borges, presidente legislativo.

Fue precisamente Borges, hijo de catalanes, el encargado de agradecer el respaldo del continente, concretado en Lima con la reunión de 14 cancilleres y tres delegados "en un comunicado sin precedentes. Reiteran que en Venezuela no hay democracia y que se destruyó el orden constitucional".

La Asamblea legítima se reunió en sesión extraordinaria para acordar su rechazo institucional a la principal pretensión de la Constituyente: extender sus pretendido mando absoluto sobre el Parlamento y los demás poderes del Estado. "Desconocemos todos los actos de la ANC", ratificó el diputado Juan Pablo Guanipa.

Los 545 constituyentes pasaron como el caballo de Atila por el Parlamento: inutilizaron los baños de mujeres y desaparecieron equipos de sonido y grabación. Incluso sus militares resguardaban ayer el "muro de Berlín" levantado frente al Hemiciclo Protocolar, tomado a la fuerza el martes.

"Estafadores constituyentistas irrumpen en la Asamblea Nacional desvalijando bienes públicos y colocando ridículo muro para tapar fechorías usurpadoras", subrayó la diputada Mariela Magallanes.

El Parlamento también añadió nuevos hechos al informe sobre violaciones a los derechos humanos realizado por Naciones Unidas. El diputado Ezequiel Pérezdenunció que 65 jóvenes fueron detenidos ilegalmente en La Grita, en Táchira (estado fronterizo con Colombia, en el que se produjeron las protestas y enfrentamientos más fuertes durante los comicios de la Constituyente). El grupo fue llevado a un cuartel, donde los "protestantes" han sido "recluidos y torturados".

Pese a las denuncias internacionales, la persecución contra los opositores no ceja. El Tribunal Supremo de Justicia planeaba ayer condenar al alcalde David Smolansky, uno de los dirigentes jóvenes de la Unidad, por permitir las protestas en su municipio, al igual que varios de sus compañeros. Su residencia fue atacada horas antes de comenzar el juicio, incluso le sustrajeron unos monitores de seguridad.

Otro de los perseguidos, Ramón Muchacho, primer edil de Chacao, envió ayer un mensaje de aliento cuando la disidencia contra el chavismo vuelve a estar en una dura encrucijada. Desde la clandestinidad, el alcalde condenado a 15 meses de prisión aseguró que "pronto vamos a recuperar a Venezuela". Hasta ahora, alcaldes y diputados son las víctimas favoritas del chavismo: de los 77 burgomaestres, 35 fueron condenados, destituidos o suspendidos.

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